Patricia Chandomí.- Este jueves un grupo de mujeres que llevan juicios
de guarda y custodia de más de ocho años se manifestaron al interior del Poder
Judicial de Chiapas solicitando una reunión con el titular de dicho Poder, Juan
Óscar Trinidad Palacios para exigir justicia, sin embargo, después de cuatro
horas, no fueron atendidas.
La institución salió a ofrecer atención de parte de un asesor, sin
embargo, las afectadas se negaron, porque las últimas cuatro veces que fueron atendidas por un asesor, sus
casos siguieron igual de lentos.
Cristina Liliana Fuentes Tovar denunció que hace 8 años su ex pareja
sustrajo a sus hijos de Guadalajara, Jalisco, supuestamente los infantes venían
de vacaciones, le dieron una custodia provisional al padre por tres días, y ocho
años después, Cristina no volvió a ver a sus hijos.
“No me han dado sentencia, no me han dicho la razón por la cual me
quitaron a mis hijos, mi ex esposo declaró que yo era muy mala madre porque
trabajaba todo el día, y porque no sabía ni lavar ni planchar, yo tenía una
clínica veterinaria porque él no conseguía trabajo, pero encima de llevar
dinero a la casa quería que estuviera en la casa atendiéndolo”, señaló.
El caso de Cristina está en el Tercer juzgado de lo familiar con la jueza Graciela Alcázar Castañón, quien no
está capacitada tal como lo mandata la sentencia 5999 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que obliga a impartir justicia con perspectiva de género.
Alcázar Castañón también lleva el caso de Gisela Prado, y de igual
manera se ha puesto de lado del padre agresor.
En el caso de Cristina han perdido un exhorto se lo perdieron tres años
y medio, lleva un año sin pedir pruebas psicológicas para la niña.
“En una audiencia que duró 30 minutos sin psicólogo ni tutor, la jueza
Graciela Alcázar, y la licenciada del papá de mis hijos, Ana Guadalupe García
Caballero y el papá de mis hijos, determinaron que no era apto que yo viera a
mi hijo”. Señaló
Jordán Ramírez Méndez, a base de mentiras e influencias logró la
custodia temporal extrayendo a sus pequeñas hijas de la casa de su
ex-cónyuge.
La defensora de derechos humanos Karen Dianne Padilla señaló que son 8
casos documentados de mujeres chiapanecas que han sufrido violencia
institucional de parte del Poder judicial de Chiapas.
Figuran los casos de Asseneth Burguete
Mijangos con el expediente 1183/2017, cuya ex pareja Héctor Martín Ruiz
Palma no permite que vea a sus hijos; dentro de estos casos, también se
encuentra el de Gabriela Gamboa Salazar con el expediente 766/2013 cuya ex
pareja, Paulo Arnoldo Ruiz García, pretende bajo influencias arrebatarles a sus
hijos.
También le dan acompañamiento a los casos de
Ana Laura Cruz Hernández con el expediente 307/2014, cuyo esposo, hermano de un
ex diputado federal y empresario radiofónico ha utilizado la justicia a su lado.
También se encuentra el caso de Gisela Prado
bajo el expediente 1050/2017 a quien su esposo, le arrebató a sus hijos
sin que les permita verlos. Como la alienación parental está documentada el ex
esposo, demandó al profesional de psicología por no sacar un veredicto a su
favor.
Durante la manifestación pacífica las mujeres
fueron ignoradas por personal del poder judicial, sin embargo, al momento de
ver a Cristina pintar con un aerosol “no sirven para nada, 8 años sin justicia”
de inmediato salieron de todas partes personal masculino a intimidar a las
señoras, finalmente las dejaron en paz, ante las transmisiones en vivo de las
activistas.
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