* Magín García Utrilla, hermano de la secretaria
técnica del gobernador, María Esther García Ruíz, quien fungió como directora
de equidad de género en el poder judicial, en sus ratos de ocio como asesor, se
las da de mago y curandero.
Patricia
Chandomí.- “Lo de usted no es injusticia, es brujería, tiene
un amarre de los fuertes” y puso cara de preocupado y sorprendido, enseguida
sacó unas barajas de su primer cajón para leerle el tarot, después sacó unas
varas que alinean los chakras, en este artefacto el asesor “comprobó” que
efectivamente el caso de Cristina Liliana Fuentes
Tovar es un asunto del más allá.
Este jueves un grupo de mujeres que llevan juicios
de guarda y custodia de más de ocho años se manifestaron al interior del Poder
Judicial de Chiapas solicitando una reunión con el titular de dicho Poder, Juan
Óscar Trinidad Palacios para exigir justicia, sin embargo, después de cuatro
horas, no fueron atendidas.
La institución
salió a ofrecer atención de parte de un asesor, sin embargo, las afectadas se
negaron, porque las últimas cuatro veces que fueron atendidas por un asesor, sólo
las engañaron y entretuvieron, la última vez, un asesor dijo que no eran
asuntos de injusticia sino de amarres.
Magín García
Utrilla, hermano de la secretaria técnica del gobernador, María Esther García
Ruíz, quien fungió como directora de equidad de género en el poder judicial, en
sus ratos de ocio como asesor, se las da de mago y curandero.
“Cristi le voy a
ayudar a deshacer el amarre, escúcheme bien lo que va a conseguir: velas y una
mudada de ropa vieja, vamos ir a Puerta Arista y en la noche la vamos a meter
al mar, ahí va a dejar su ropa vieja, para despojarse del amarre, y enseguida
sale usted desnuda, en señal de que está renaciendo, nosotros la vamos a estar
esperando en la orilla del mar para acuerparla con las velas” narró el asesor.
García Utrilla
dijo que deshacer el amarre no iba a ser una tarea fácil, se necesitaban
comprar incienso, velas, costear el viaje, por lo que además le pidió la
cantidad de 6 mil pesos para poder hacer el “trabajito”.
Por asesores de
esta naturaleza, metidos a charlatanes, las víctimas de violencia institucional
del Poder Judicial buscan hablar directamente con el titular, Juan Oscar
Trinidad Palacios.
El caso de
Cristina lleva 8 años sin sentencia por un juicio de guardia y custodia, donde
ambos hijos fueron sustraídos por el padre, hasta el momento el padre no ha
dejado que la madre conviva con sus hijos.
El caso de
Cristina está en el Tercer juzgado de lo
familiar con la jueza Graciela Alcázar Castañón, quien no está
capacitada tal como lo mandata la sentencia 5999 de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que obliga a impartir justicia con perspectiva de género.
Alcázar Castañón
también lleva el caso de Gisela Prado, y de igual manera se ha puesto de lado
del padre agresor.
Durante el miting
en el Poder Judicial, las afectadas dijeron ser víctimas de violencia institucional.
De acuerdo a la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la violencia
institucional son los actos u omisiones de las y los
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los
diferentes tipos de violencia.
